Áreas de práctica
Nuestra asesoría permite resolver los conflictos y avanzar con seguridad.
Representamos a funcionarios ante toda clase de organismos públicos y tribunales, especiales u ordinarios, que pretendan imponerles medidas disciplinarias o hacerlos responder patrimonialmente.
Asesoramos a servicios públicos, municipalidades, empresas y particulares en las relaciones que mantienen con la Administración del Estado, sea que actúen como contraparte o como sujetos fiscalizados.
Intervenimos en todo el ciclo del contrato público: desde la redacción o revisión de las bases hasta la impugnación de la adjudicación y la ejecución del contrato.
Asesoramos en la normativa que regula la ordenación del territorio, el uso de suelo, los instrumentos de planificación territorial y el régimen jurídico de los bienes nacionales de uso público.
Representamos a propietarios, constructoras e inmobiliarias en las operaciones sobre bienes raíces y en los conflictos que surgen de ellas.
El régimen público tiene dos pisos: el jefe superior responde con multa sobre su remuneración por no velar por el cumplimiento del órgano, y el funcionario responde por separado en sede disciplinaria, donde una infracción gravísima se califica como contravención grave a la probidad. Trabajamos la adecuación mientras no hay cargos formulados, y asumimos la defensa cuando los hay.
Elaboramos los instrumentos internos con que una organización pública o privada resguarda la probidad, y capacitamos a quienes deben aplicarlos.
Plantéenos el caso. Revisamos los antecedentes y le decimos con franqueza si hay algo que hacer.